Los abogados de Madrid contra Delgado por no querer pagar a los letrados de oficio a petición del juez

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) llevará ante los tribunales la decisión de Justicia por la que el Ministerio no asumirá los costes del turno de oficio prestados previo requerimiento judicial. La Junta de Gobierno de los letrados madrileños ha hecho público un comunicado en el que advierte que tomará todas las medidas necesarias para que el organismo que dirige, en funciones, Dolores Delgado, retire la resolución por la que no atenderá los costes de la Justicia gratuita que no hayan sido administrativamente reconocidos.

El ICAM «muestra su más absoluto rechazo con la decisión que ha adoptado el Ministerio de Justicia, al indicar que únicamente asumirá el pago de aquellas actuaciones letradas que se hayan realizado bajo el amparo del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita».

Los representantes de los abogados madrileños, a través de la Junta de Gobierno de su Colegio Profesional, declaran la guerra a Delgado: en ningún caso van a permitir «que las actuaciones profesionales realizadas en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva dejen de ser compensadas».

Entienden los letrados que el Ministerio de Justicia no puede trasladar «a los abogados y abogadas de oficio» -que son quienes hacen efectivo el derecho fundamental de defensa que la Constitución reconoce a los ciudadanos- «los problemas de financiación de un servicio público que se presta con especiales exigencias de formación y un alto grado de calidad».

Por ello, avanzan que «iniciarán acciones legales» para reclamar el pago «de todas y cada una de las actuaciones profesionales de los letrados y letradas de oficio efectuadas a requerimiento judicial y que hayan sido debidamente justificadas», tal como permite la ley actual.

Orden judicial

Esta misma semana, el Consejo General de la Abogacía Española exigía al Ministerio de Justicia que asumiese el pago de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el turno de oficio. Tanto las de aquellos expedientes que hubiesen sido previamente reconocidos como aptos dentro del servicio de Justicia Gratuita como los que se adoptasen por designación judicial.

Lo hacía tras ser notificado por el departamento que gestiona los recursos de la cartera de Justicia, que dirige Dolores Delgado en funciones, de que sólo asumirá el pago de aquellos expedientes amparados por los trámites previstos por ley para la Justicia gratuita, excluyendo «los correspondientes del turno de oficio que hayan sido prestados por designación judicial pero no estén amparados por la carencia de recursos económicos».

Los abogados, y en su nombre los colegios profesionales, recordaban a Delgado que las designaciones de letrados de oficio que responden a «un mandato del juez instructor», responden al cumplimiento de «un derecho constitucional, pueda el encausado acogerse a la Justicia Gratuita o no».

Y acto seguido afeaban a la socialista que «el Gobierno se desentienda de esta parte del funcionamiento de los tribunales españoles», dejando «en manos de los colegios y de los propios abogados sufragar el coste de defensa de quienes no cumplan con los requisitos para recibir los beneficios de la Justicia Gratuita».

Por su parte, fuentes oficiales del Ministerio alegan que «podrían estar cometiendo una ilegalidad si pagan el turno de oficio no acogido por la justicia gratuita». Los abogados de oficio insisten en que «buena parte de las comunidades autónomas con competencias» en Justicia han asumido históricamente «el pago completo del turno de oficio» y que «el propio Ministerio de Justicia lleva años haciéndolo».